
La herida abierta que sigue a la espera de 400 condenas en Argentina

La justicia argentina investiga actualmente los delitos de lesa humanidad perpetrados por 401 represores de la última dictadura militar (1976-1983), quienes se encuentran en calidad de procesados y están a la espera de condenas en juicios orales y públicos.
De acuerdo con el último reporte del Ministerio Público, desde 2006 se han dictado penas contra 1.197 personas, entre militares, policías y civiles e incluso religiosos, lo que convierte a Argentina en el país que ha juzgado a más represores con tribunales propios.
Los delitos juzgados abarcan desde secuestros, torturas y asesinatos, hasta desapariciones, robo y apropiación de bebés y de menores y violaciones, entre otros. Fueron cometidos hace ya casi cinco décadas, pero la lucha de los colectivos de derechos humanos ha impedido que, como ocurrió en muchos países, predominara la impunidad.
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— Derechos Humanos PBA (@DerHumanosPBA) June 5, 2025
Uno de los casos que se suele poner como ejemplo es el de Jorge Rafael Videla, uno de los jefes militares que en 1976 encabezó el último golpe de Estado, se proclamó presidente de facto, y murió en 2013, condenado y preso en una cárcel común, a diferencia de muchos dictadores latinoamericanos.
En los juicios ya concluidos, han sido absueltos 199 acusados, en tanto que a 158 se les dictó falta de mérito; 118 fueron sobreseídos y 1.222 ya fallecieron.
De las 3.824 personas que han sido investigadas por este tipo de crímenes, solo 615 permanecen detenidas, pero la mayoría de ellas, un total de 498, goza de prisión domiciliaria. Además, hay 33 prófugas.

Pendientes
La subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, por su parte, cuenta con un detallado sitio interactivo que permite analizar en tiempo real el estado de los juicios que avanzan ante la casi total indiferencia mediática, ya que la prensa más influyente no los cubre.
Gracias a esta herramienta, que incluye testimonios de sobrevivientes, es posible saber que están en curso 14 juicios que se desarrollan en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, y en donde hay 90 imputados por crímenes cometidos contra 892 personas.
Uno de los más emblemáticos es el que investiga el terrorismo de Estado cometido en un centro clandestino de la provincia de Mendoza y en el que se ha demostrado que hubo, por lo menos 329 víctimas, de las cuales 71 fueron asesinadas o desaparecidas.

En particular, el juicio aborda el rol del Departamento de Informaciones de la Policía y sus integrantes en el plan represivo y es la megacausa más grande que sigue pendiente por el número de víctimas y de imputados. Además, se investiga sobre los crímenes estatales cometidos antes del golpe de Estado.
Otro aporte de Argentina a las luchas por la memoria y la justicia es que los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en el país sudamericano han traspasado fronteras. Cerca de 500 personas migrantes extranjeras están en la lista de víctimas, entre ellas las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon; la socióloga alemana Elisabeth Käsemann; el militante comunista rumano David Coldman; el italiano Antonio Bosich; el sindicalista español José Antonio Apontes y la adolescente sueca-argentina Dagmar Hagelin.
Por eso se han realizado 41 juicios en Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Israel, Francia, Italia, EE.UU., Sudáfrica, Alemania y España, vinculados con crímenes ocurridos en Argentina entre 1976 y 1983.