A fondo
4 años del magnicidio de Moïse: Haití navega entre la inestabilidad política y la violencia
Aún no se han celebrado elecciones, las pandillas siguen actuando y el número de asesinatos, desplazamientos y violaciones a derechos humanos aumenta.
El 7 de julio de 2021, el entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado. Desde ese crimen, el país ha estado sumido en la ingobernabilidad, inestabilidad política y en una creciente violencia, que no ha podido ser frenada ni con intervención extranjera.
La madrugada de ese día, una veintena de mercenarios nacionales y extranjeros, en su mayoría colombianos, ingresaron a su casa, cerca de Puerto Príncipe, donde se encontraron con poca resistencia por parte de su equipo de seguridad. Ahí asesinaron al mandatario en su habitación mientras dormía; también hirieron a su esposa, Martine Moïse, quien salvó su vida al fingir estar muerta durante la acción criminal.
Más de 40 personas llegaron a ser detenidas por este hecho, tanto en Haití como en EE.UU.; sin embargo, las preguntas sobre la muerte del mandatario siguen sin respuesta concreta. Horas después del crimen, tres sospechosos, todos colombianos, fueron asesinados; y más adelante murió la jueza del Tribunal Superior de Haití, Windelle Coq Thélot, quien se encontraba prófuga en relación a este crimen.
En Haití nadie ha sido llevado a juicio, ya que el proceso en ese país sigue estancado; pero en EE.UU. si ha habido avance. A finales de febrero de 2024, fue condenado a cadena perpetua el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios; también fueron sentenciados a la misma pena el exsenador haitiano John Joel Joseph, el exoficial del ejército colombiano Germán Alejandro Rivera García, el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar y el exinformante de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés) Joseph Vincent.
En enero pasado, durante una visita oficial a Jacmel, el presidente colombiano Gustavo Petro ofreció disculpas públicas al pueblo haitiano por la participación de ciudadanos colombianos en el asesinato de Moïse. "En nombre de todo el pueblo colombiano, les digo: nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos", dijo.
Sucesores
Al momento de su muerte, Moïse tenía cuatro años en el poder. Gobernaba el país desde febrero de 2017, tras haber ganado los comicios en noviembre de 2016.
Después de su asesinato, la posta la tomó quien ejercía como primer ministro entonces, Claude Joseph, pero apenas por unos días; puesto que desde el 20 de julio de 2021 Ariel Henry se hizo cargo del país, ocupando los puestos de presidente y primer ministro interino, ejerciendo hasta abril de 2024, cuando renunció en medio de críticas y presión por parte de las pandillas que dominan buena parte del territorio nacional.
Después de la salida de Henry, se estableció un Consejo Presidencial de Transición con dos tareas importantes: pacificar el país y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones, las primeras en casi una década. De momento, los comicios están pautados para noviembre próximo.
Violencia y precariedad
Pero en medio de ese camino a las elecciones y desde el asesinato de Moïse la violencia no ha hecho más que crecer en la nación caribeña. Ya en diciembre de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaba que las pandillas controlaban el 80 % de Puerto Príncipe, la capital del país.
"Matan, violan, secuestran y destruyen propiedades", dijo en esa oportunidad el entonces presidente de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis.
En 2024 se registraron 7.342 asesinatos, según un informe presentado por un Grupo de Expertos ante el Consejo de Seguridad del organismo, citado por Le Nouvelliste; y en lo que va de 2025, se han contabilizado más de 4.000 homicidios, de acuerdo con datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en inglés).
Además de los asesinatos, también son recurrentes los secuestros, el año pasado contabilizaron al menos 2.017 de estos delitos; mientras que en los primeros cinco meses de 2025 unos 316.
En algunas zonas se han creado grupos de autodefensa y están actuando por su cuenta ante la insuficiencia de las fuerzas públicas para restablecer la seguridad, lo que da lugar a mayores atropellos de los derechos humanos, dijo al respecto el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Con relación a ello, desde la ONU indicaron en una publicación la semana pasada que en los últimos tres meses, al menos 101 personas sospechosas de colaborar con pandillas fueron ejecutadas por estos grupos de autodefensa sin proceso judicial.
Asimismo, según informó la ONU a principios de junio, casi 1,3 millones de personas se han desplazado en busca de seguridad tras huir de la violencia de las pandillas. Esa cifra "es la más alta registrada en la historia haitiana", señala.
"Esta población carece de acceso a servicios de la salud, escuelas, y agua potable, y las familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad se encuentran ahora luchando para sobrevivir", agrega la ONU.
La intervención
A finales de junio de 2024, inició en Haití el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) liderada por Kenia. El envío de esa fuerza fue autorizada en octubre de 2024 por el Consejo de Seguridad de la ONU; en su resolución se contempló el accionar de esta misión por un año, pero fue extendida al menos hasta octubre de 2025.
Al país llegaron primero un contingente de 400 policías kenianos y un año después ya son alrededor de 1.000, incluyendo uniformados de El Salvador, Belice, Guatemala, Bahamas y Jamaica; aunque se pretendía llegar a unos 2.500.
Pero transcurridos 12 meses de ese despliegue, las cosas no han cambiado, como se evidencia en la cifra de asesinatos y secuestros. "La violencia y las violaciones de derechos humanos continúan en aumento", señaló al respecto Human Rights Watch (HRW).
"Las persistentes limitaciones de personal, financiación y equipamiento han afectado gravemente la capacidad de la MSS para contener la violencia, que se ha intensificado en la capital y en otros lugares del país", dice la organización, que añade que desde principios de 2025, "los grupos criminales han intensificado sus ataques en zonas que eran consideradas seguras, incluyendo en Puerto Príncipe y su área metropolitana; y en los municipios de Mirebalais y Saut-d’Eau, en el departamento Centro; y en Petite Rivière, en el departamento de Artibonite".
Datos de un informe del secretario general de la ONU, António Guterres, citados por HRW, revelan un alarmante aumento de las graves violaciones de derechos cometidas contra los niños y niñas, que pasaron de 383 en 2023 a 2.269 en 2024. "Los casos documentados de reclutamiento y utilización de menores se han multiplicado por 12 y el aumento es aún mayor en los casos de violencia sexual y violación de niños y niñas", agrega.
En su publicación la semana pasada, la ONU también señaló que la violencia sexual "se ha disparado". Solo de marzo a abril, la Organización documentó 364 incidentes, con un total de 378 sobrevivientes, en su mayoría mujeres y niñas, "víctimas de ataques utilizados como instrumentos de terror por las pandillas".
