España pedirá 94.000 millones de euros adicionales a la UE para el plan de recuperación

El Gobierno de España solicitará más de 84.000 millones de euros en préstamos a la Unión Europea (UE), además de otros 7.700 millones en subvenciones, como parte del paquete de recuperación pospandemia del bloque comunitario, según desgranó este martes la ministra de Economía y vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño explicó que España pedirá su asignación íntegra del paquete de ayuda europeo aprobado con motivo de la pandemia para reactivar la economía del continente, al que se sumarán los 2.600 millones de euros de los nuevos fondos RePowerEU para optimizar la seguridad energética. En total, el país recibirá más de 160.000 millones de euros.

Los 84.000 millones de euros se articularán en forma de préstamos en condiciones muy ventajosas, según la ministra: tendrán que ser reembolsados en un plazo de 30 años al mismo interés que los bonos UE.

De ellos, 18.600 millones se destinarán a reforzar los 11 PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) que actualmente se encuentran en vigor. 

El resto del monto tendrá como destino los 12 fondos con los que el Ejecutivo español quiere impulsar el tejido productivo y los proyectos regionales. En palabras de Calviño, es una "red de seguridad y financiación en buenas condiciones, sin aumentar inmediatamente la carga de deuda pública de España".

Esa red se distribuirá también a nivel regional. Así, las 17 Comunidades Autónomas contarán también con su propio fondo, dotado con 20.000 millones de euros. Otro de los fondos financiará el ingreso mínimo vital y otro financiará un mecanismo de salvaguarda del empleo como previsión de futuras crisis.

En cuanto a las trasferencias a fondo perdido, el Gobierno español puede solicitar más de 10.000 millones. El grueso irá a reforzar los PERTE, mientras que 2.600 serán destinados a la independencia energética y la transición ecológica a través de la inversión en diversificación de fuentes de energía, el despliegue de renovables y el ahorro energético.

Aumento del PIB

Según apuntó Calviño, la nueva inyección de fondos de la UE supondrán un aumento del 3 % anual de media del Producto Interior Bruto del país hasta el año 2031. "Casi con total seguridad vamos a tener un crecimiento para este año superior al que habíamos previsto", apuntó la ministra.

Por su parte, también este martes el Banco de España hizo pública su previsión de crecimiento económico para este año, elevándola ligeramente hasta el 4,6 %, aunque revisó a la baja la del próximo ejercicio hasta el 1,3 %.

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Aunque hasta ahora los planes del Ejecutivo español han logrado el visto bueno de Bruselas, el encarecimiento de las materias primas, especialmente los combustibles fósiles, y la difícil situación económica internacional han provocado que España haya solicitado la revisión de algunos de sus logros ya aprobados y que haya planteado la ampliación del plazo hasta 2026.

En total 15.000 millones de euros se destinarán a la financiación de las empresas a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), mientras que otra gran partida tendrá como destino la financiación de grandes proyectos, como la producción de microchips y la industria del hidrógeno verde.

Nuevas reformas

Para recibir los fondos, España se ha comprometido a acometer nuevas reformas estructurales y a ampliar algunas de las que ya tiene en marcha. En total serían 30 nuevas reformas, de las que alrededor de la mitad serían nuevas.

La mayoría de las nuevas transformaciones se centrarán en sectores como la inserción laboral, la transición ecológica o la transformación industrial.

Si bien Calviño tiene previsto presentar el documento con esta ampliación del plan de recuperación el jueves de la próxima semana ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados, que reúne a representantes de todos los grupos parlamentarios, no será hasta principios de 2023 cuando el documento definitivo será remitido a Bruselas.

A partir de entonces, la Comisión Europea tendrá dos meses para evaluarlo y dar luz verde. Posteriormente será el Consejo Europeo quien tendrá que dar su visto bueno.

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