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Paro general en Uruguay para rechazar la reforma jubilatoria "criminal" de Lacalle Pou

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La jornada de protesta fue convocada por la central sindical única, la organización obrera más grande de ese país suramericano.
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Miles de trabajadores y estudiantes realizan este jueves un paro general parcial y toman las calles de Montevideo, la capital de Uruguay, para manifestar en contra de la reforma jubilatoria que impulsa el Gobierno de Luis Lacalle Pou, que pretende aumentar la edad de jubilación y, en consecuencia, los años de labores, medida que afecta con mayor peso a la población más joven.

La protesta fue convocada por el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), la organización obrera más grande de ese país suramericano, que desde horas de la mañana realizó una concentración en la explanada de la Universidad de la República. La movilización luego se convirtió en una marcha que llegó hasta el Palacio Legislativo.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, expresó el miércoles en rueda de prensa que la reforma que se pretende ejecutar en el parlamento uruguayo, "implica un retroceso" a la seguridad social, porque la mayoría de los sectores de la población pierden sus derechos de forma paulatina y regresiva, aumentando así las brechas de la desigualdad.

Para Abdala, la reforma de Lacalle Pou, solo buscan favorecer al gran capital y a los empresarios de las aseguradoras privadas, que van a aumentar su volumen de negocios y en más de 50 % sus ganancias, todo esto en perjuicio de la clase trabajadora.

Según el dirigente, que reconoció la necesidad de una reforma de la seguridad social, esta debería lograrse a través de la negociación, "con diálogo social" y "no con una comisión asesora que bailó al ritmo que le dictó el Poder Ejecutivo" para implementar una enmienda, a su juicio, "criminal".

Cambios a la ley

Para los descontentos, la enmienda gubernamental solo busca elevar paulatinamente la edad jubilatoria de 60 a 65 años o más, así como desmejorar el sistema de pensiones por viudez, sobrevivencia, incapacidad total y el subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Además, una de las mayores preocupaciones es que el cambio a la ley apunta contra el sistema actual de pensiones, porque obligaría a todos los trabajadores, sin importar lo que ganen, a realizar aportes al "Sistema Previsional Común", un régimen mixto que incluiría al estatal Banco de Previsión Social (BPS) y a la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), empresas privadas que se dedican a prestar servicios de ahorros para la jubilación.

En la actualidad, la edad mínima requerida para la jubilación en Uruguay es de 60 años, si la persona ha cumplido con 30 años de aportes al fondo de pensiones. Con la reforma, se pretende aumentar gradualmente ese mínimo hasta los 65 años o más.

Por ejemplo, según explica el medio local La Diaria, si se aprueba la enmienda, las personas que nacieron en 1973, se podrán jubilar a los 63 años; mientras que los nacidos en 1974 lo harán con 64 de edad; y los que sean del año 1975 tendrán que hacerlo con 65 años.

Un punto crítico del proyecto es que establece "la actualización paramétrica futura" y de forma automática, que tiene que ver con los posibles cambios en la esperanza de vida, lo que se traduce en que la edad para jubilarse podría seguir creciendo mucho más allá del supuesto tope de 65 años.

Otro aspecto preocupante para los trabajadores es que consideran que el monto de la jubilación decaería con la nueva reforma, al punto de que recibirían pensiones "de hambre". Actualmente, el régimen de pago toma en cuenta los últimos 10 años o los mejores 20 años de aportes, mientras que el proyecto prevé calcular el promedio mensual de los mejores 25 años de trabajo.

De momento, el gobierno de Lacalle Pou ha prometido estudiar algunas demandas expuestas por los uruguayos para que se hagan cambios al proyecto de ley, en un intento de frenar el descontento generalizado. Sin embargo, desde la oposición y el gremio de trabajadores insisten que la reforma es injusta y está mal diseñada, por lo que seguirán ejerciendo presión y rechazándola.

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