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Comisionado para los DD.HH. de El Salvador defiende las "medidas extremas" contra las pandillas
"Esta es una guerra en donde se pudo controlar un fenómeno social con un estado de excepción", expresó el abogado colombiano Andrés Guzmán.
El abogado colombiano Andrés Guzmán, recientemente designado comisionado para los derechos humanos de El Salvador, defendió este viernes las "medidas extremas" que ha tomado el Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas.
"Hay un estado de excepción y los estados de excepción requieren medidas excepcionales, y creo que, pues es una medida excepcional", dijo Guzmán a la emisora colombiana Blu Radio, al ser cuestionado sobre las imágenes de los presos en las cárceles salvadoreñas.
Guzmán justificó esa medida excepcional como un control de la violencia. "En todas las guerras normalmente en el mundo hay muertos de un lado y del otro. Esta es una guerra en donde se pudo controlar un fenómeno social con un estado de excepción", agregó.
"No hay un país en donde haya existido una guerra como la que existía en El Salvador, el número de muertos que había al día gracias a las pandillas y la violencia [...]. En un proceso como este se requieren medidas extremas desde el punto de vista de derechos humanos para poder lograr una reconciliación social", expresó
Guzmán, que fue designado por el presidente salvadoreño como comisionado para derechos humanos, es especialista en tecnología y comunicación y ciberdelitos.
El país centroamericano se encuentra bajo estado de excepción desde marzo del año pasado, con el objetivo de combatir la violencia de las pandillas. Durante este periodo se han producido decenas de miles de detenciones, una medida que ha sido duramente criticada por la presunta violación de derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.
No obstante, las cifras proporcionadas por el Gobierno de Bukele demuestran que esa política de mano dura ha reducido considerablemente la tasa de homicidios en el país. Según cifras oficiales, durante el estado de excepción la tasa de asesinatos es de 3,6 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio en 2015 era de más de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes.
A su vez, organismos internacionales de defensa de los derechos humanos cuestionan el actuar de las autoridades salvadoreñas. Según datos de la ONU, un año después la entrada en vigor del estado de excepción han sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Algunas de esas capturas, aseguran, constituyen "desapariciones forzadas de corta duración".
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