La FIFA abre un expediente contra Luis Rubiales
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, será investigado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, ya que anunció la apertura de un expediente por el beso en la boca que el directivo le dio a la jugadora española Jenni Hermoso durante la premiación del Mundial.
"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha informado al señor Luis Rubiales, presidente de la RFEF, de la apertura de un procedimiento disciplinario contra él con base en los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el pasado domingo 20 de agosto de 2023", anunció el organismo rector del fútbol.
La investigación intentará determinar si la máxima autoridad de la RFEF incumplió el artículo 13 del Código Disciplinario de la Federación Internacional, que considera sancionable a acciones que violen las reglas básicas de conducta digna, insulten a una persona física o jurídica, en especial, utilizando gestos, señas y lenguaje ofensivo.
Además, la FIFA reiteró "su compromiso absoluto con el respeto a la integridad de todas las personas y por lo mismo condena con el mayor vigor todo comportamiento en contrario".
Críticas de la Liga femenina
El anuncio de la FIFA llegó en medio de las críticas hacia Rubiales. Algunas de ellas llegaron de parte de la presidenta de la Liga femenina de fútbol de España, Beatriz Álvarez, quien afirmó que se trató de una actitud "repugnante".
En este sentido, dijo que se sentía "avergonzada de la imagen mundial que está dando el fútbol español por culpa del comportamiento inaceptable del presidente de la RFEF", a la vez que aseguró que recibió "llamadas y mensajes de futbolistas, entrenadores, dirigentes y colegas, incluso de otras ligas mundiales, que están escandalizados por lo sucedido".
Pese a que existen tres denuncias por el posible delito de agresión sexual, la Justicia por el momento no iniciará ninguna acción contra Rubiales, ya que se trata de un hecho de carácter semipúblico, por lo que la Fiscalía General del Estado necesita la denuncia de la persona agraviada para actuar.