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Por qué la vicepresidenta del Congreso de Perú pide a Boluarte suspender la cuota de la OEA
La derecha sostiene que la CIDH "protege a terroristas y corruptos", por lo cual la bancada de Avanza País ha pedido "medidas urgentes".
La tercera vicepresidenta del Congreso de la República de Perú, Rosselli Amuruz, solicitó este viernes a la mandataria Dina Boluarte tomar "medidas urgentes" contra la Organización de los Estados Americanos (OEA), que incluirían la paralización de pagos.
"Es momento de evaluar la suspensión de la cuota de 968.500 dólares para la OEA", propuso Amuruz en una publicación en su cuenta de X, en la cual adjuntó la moción de orden para que sea debatida en el pleno del Parlamento.
La legisladora pide en su texto que "se impida el financiamiento del SIDH [Sistema Interamericano de Derechos Humanos] con aportes de Organizaciones No Gubernamentales, con la finalidad de garantizar la neutralidad e imparcialidad en las decisiones sobre los Estados de la región".
Señora presidenta Dina Boluarte, es momento de evaluar la suspensión de la cuota de $/. 968,500.00 de dólares para la OEA. No podemos permitir que algunas “ONG’s” con el argumento de defender los derechos humanos, protejan a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado,… pic.twitter.com/Mh9mNN8wDB
— Rosselli Amuruz (@RosselliAmuruz) September 8, 2023
Además, abogó por impedir que los Estados que no son parte del SIDH participen en las elecciones de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y comisionados de la CIDH.
"No podemos permitir que algunas 'ONG' con el argumento de defender los derechos humanos, protejan a terroristas y corruptos, lo cual debilita al Estado, al sistema democrático y a la tranquilidad de los ciudadanos", escribió Amuruz, del partido Avanza País.
El origen de la demanda
En los últimos meses, la CIDH dado la voz de alerta ante diversos actos de vulneración de derechos humanos, lo que ha causado la molestia de la derecha. El más reciente caso fue la admisión de la denuncia de Víctor Polay Campos contra el Estado.
Polay Campos, fundador y líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue sentenciado a 35 años de prisión por el delito de terrorismo en agravio al Estado.
No obstante, la CIDH concluyó que este caso podría constituir violaciones de algunos preceptos, como el derecho a las garantías y protección judiciales. Aunque el propio órgano supranacional aclaró que el "propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad", la reacción fue virulenta.
Algunos políticos, exfuncionarios e incluso periodistas instaron a denunciar el Pacto de San José y así abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
"Ni un centavo del presupuesto del Estado para la CIDH", exclamó este viernes el parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu. "¡Defensores de terroristas!", añadió en la red social.
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