Los jueces conservadores aprueban una advertencia contra la futura ley de amnistía en España

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces en España, aprobó este lunes una inédita declaración institucional contra la futura ley de amnistía, que califica de "medida de abolición del Estado de derecho", que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera", informó la prensa local.

El texto fue debatido en una sesión extraordinaria. Nueve vocales conservadores avalaron la declaración en contra de la eventual ley que está negociando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con los independentistas catalanes, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

En tanto, cinco vocales progresistas votaron en contra de la declaración y hubo una abstención.

"Supone una degradación"

Los jueces expresan "su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", señala el texto.

La promulgación de una ley de amnistía que cubra a todos los implicados en el intento de secesión de Cataluña en 2017 es una de las condiciones de Junts y ERC para apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, a la que se tendrá que enfrentar antes del 27 de este mes.

Las negociaciones sobre esta medida han levantado un tsunami en sectores de la política española y de otros estamentos, como es el judicial. El pistoletazo de salida lo dio la semana pasada el expresidente conservador José María Aznar, quien solicitó que cada uno hiciera lo que pudiese en su ámbito para luchar contra esta futura legislación.

Un vocal pide la desconvocatoria del Pleno

El vocal progresista Álvaro Cuesta, que no asistió a la sesión del lunes, pidió el domingo que se desconvocara el pleno extraordinario programado para esta jornada, al considerar que es "manifiestamente ilegal", según un comunicado, en el que ha anunciado que no asistirá.

"No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes en 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio de 2023", dijo.

El vocal recordó que entre las competencias del órgano no están "ni informar eventuales o desconocidas proposiciones de ley, ni pactos políticos, ni otras iniciativas legislativas o parlamentarias de los grupos, ni intenciones o programas de gobierno o de investidura, ni aprobar proclamas o declaraciones políticas partidistas".

Además, advirtió que la convocatoria del pleno no era legal "por interferir en la autonomía del Parlamento", y que iba a conducir al CGPJ "a una desleal confrontación institucional con el presidente del Gobierno, los grupos parlamentarios y el Congreso de los Diputados".

El presidente del CGPJ rechaza la suspensión

El presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, rechazó este mismo domingo la suspensión del pleno extraordinario al alegar que se hizo de conformidad con el reglamento, atendiendo a la solicitud de al menos cinco vocales.

En la actualidad, el CGPJ está constituido por 16 miembros, en vez de los 21 establecidos -el presidente y 20 vocales-, después de varias dimisiones y jubilaciones.

Según la Constitución Española, el mandato del órgano tiene una duración de cinco años, por lo que el actual cónclave debía haber cesado en diciembre de 2018. Es decir, en un mes se cumplirán cinco años de la caducidad.

La renovación no ha sido posible porque depende de acuerdos de los grupos políticos y el Partido Popular se ha negado a nuevos nombramientos, una situación que se ha repetido en otras ocasiones en las que el partido conservador no ha estado en el poder.

Así, se pretende que el CGPJ sea una representación de la sensibilidad de la sociedad en cada momento, reflejada en la composición de la Cámara Baja. Sin embargo, durante los cinco años de Gobierno progresista de Sánchez, el órgano ha tenido una composición mayoritariamente conservadora, reflejo de la mayoría absoluta que tenía el conservador Mariano Rajoy de hace una década.

Protestas fuera de la judicatura

Las protestas también se viven fuera del ámbito de la judicatura. Durante los últimos días se han producido varias concentraciones ante la sede del PSOE en Madrid. Si bien la asistencia ha sido reducida, alrededor de los dos o tres centenares de personas, han llamado la atención por varios motivos.

Por un lado, se han escuchado gritos y lemas en contra de presidente del Gobierno, como "Sánchez a prisión"; también contra el rey Felipe VI, e incluso, contra la Constitución y a favor del régimen franquista.

Por otro lado, entre los asistentes se encontraban figuras muy reconocidas de la política madrileña y española, como es el caso de Esperanza Aguirre, exalcaldesa de Madrid, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Cultura con el gobierno conservador de Aznar. De hecho, fue ella la instigadora de que los asistentes cortaran la circulación vial.

Además, este mismo lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, alentó a la agitación en las calles y ha anunciado la convocatoria de nuevas protestas contra la futura ley de amnistía, durante una junta de la directiva nacional de su formación.

Así, el líder popular ha señalado que su partido protestará en todas las capitales de provincia españolas el próximo domingo 12 de noviembre y que también estará presente en la manifestación convocada en Madrid el 18 de este mes.

Amnistía, ferrocarriles y deuda condonada: ¿qué pacta Sánchez de cara a su investidura en España?

Una investidura pendiente de la amnistía

Desde que el país acudió a las urnas el pasado 23 de julio para votar en unas elecciones generales, España todavía no tiene un nuevo Gobierno, sino que continúa en funciones el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El nuevo presidente debe ser nombrado por la mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados. Hasta ahora solamente ha habido un intento, a finales de septiembre, el de Núñez Feijóo, que no consiguió el respaldo de la Cámara Baja.

Ahora es el turno de Pedro Sánchez, que debe someterse a una nueva sesión de investidura este mes. La cita no tiene fecha todavía, puesto que el PSOE ha estado enfrascado en negociaciones con diferentes fuerzas políticas para lograr el apoyo necesario.

Los socialistas ya han cerrado acuerdos con todos ellos, salvo con uno, Junts, cuyos siete escaños le son imprescindibles a Sánchez para revalidar el cargo. Y es precisamente la amnistía el escollo que está alargando unas conversaciones que llevan en marcha desde hace dos meses. Si bien ya se sabe que la ley está pactada, todavía faltan algunos flecos por definir.

Si Sánchez no logra sacar adelante las negociaciones y enfrentar una investidura exitosa, el 27 de noviembre se disolverán las Cortes Generales y se procederá a la convocatoria de nuevos comicios el próximo 14 de enero.

En el caso contrario, si Sánchez consigue ser de nuevo presidente, enfrentará la legislatura más difícil, porque necesitará de todos los apoyos que faciliten su investidura para sacar adelante todas las iniciativas, incluidos los Presupuestos Generales del Estado que presente.

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