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Laurentino Cortizo tras fallo de la Corte de Panamá: "Se iniciará el proceso de cierre de la mina"

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Previamente, el mandatario había prometido que acataría la decisión del máximo tribunal.

A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad del polémico contrato minero –Ley 406– por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ), el presidente de ese país, Laurentino Cortizo, ratificó este martes que su Administración acatará el fallo y procederá a cerrar la mina asociada a un yacimiento de cobre ubicado en el bosque de Donoso, dentro de la provincia de Colón. 

"Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional la Ley 406 por parte de la CSJ, se procederá de inmediato a su publicación en Gaceta Oficial e iniciará el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina", declaró el mandatario en una alocución televisada.

También advirtió que "por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas y legales", cada decisión tomada tendrá que ser "atendida de manera responsable, inclusiva y participativa".

Celebración masiva

Al hacerse pública la decisión de la CSJ, cientos de personas se volcaron a las calles a celebrar el dictamen, que pone fin a los proyectos de minería metálica en el país. 

En las últimas jornadas, decenas de activistas acamparon en las inmediaciones del máximo tribunal, en espera de una decisión favorable. 

Los magistrados determinaron que se encontraban "en presencia de un conflicto constitucional" caracterizado por la colisión de "derechos fundamentales de la población, como lo son, el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano libre de contaminación", con el "interés particular" de inversionistas privados "que procuran el crecimiento económico", cita La Prensa.

Presión popular

El pasado octubre, la Asamblea Nacional aprobó de forma expedita un contrato-ley que le permitía a Minera Panamá, una filial de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals, explotar por 20 años una mina de cobre a cielo abierto localizada en un área protegida. 

Ante esto, líderes ambientales organizaron manifestaciones para oponerse a la iniciativa –que había sido impulsada por el Ejecutivo–, aunque rápidamente consiguieron respaldo de dirigentes indígenas, gremios docentes, organizaciones sindicales, estudiantes y ciudadanos comunes. 

En paralelo, se interpusieron distintos recursos de inconstitucionalidad ante la CSJ. Con sus matices, todos apuntaban al daño ambiental generado por la actividad minera y al hecho de que la Ley 406 adolecía de los mismos fallos que en 2017 llevaron al órgano judicial a declarar inconstitucional una versión previa. 

Mientras, pese a los esfuerzos del Gobierno, las protestas callejeras no se detenían. Las medidas incluyeron acciones represivas de la Policía, la convocatoria a un referéndum –frustrado por las autoridades electorales– y la aprobación de una ley que prohibe otorgar nuevas concesiones para la minería metálica. 

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