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Arévalo aumenta la presión sobre la fiscal general de Guatemala: "Debería haber renunciado"

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El presidente de Guatemala recordó que Consuelo Porras "está proscrita internacionalmente por 30 países".
Arévalo aumenta la presión sobre la fiscal general de Guatemala: "Debería haber renunciado"

Un día después de que el Gobierno guatemalteco pidiera a la justicia que se le retire la inmunidad a la polémica fiscal general Consuelo Porras para que pueda ser acusada penalmente por "incumplimiento de deberes", el presidente Bernardo Arévalo volvió a la carga.

El mandatario socialdemócrata dijo en una entrevista radiofónica que si su declarada adversaria "fuera hábil políticamente, ya debería haber renunciado".

"La renuncia está pedida. Y eso lo tiene claro ella. Lo que tenemos que entender nosotros es que no es un problema personal, es un problema institucional", expresó.

El jueves, el titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala, Julio Roberto Saavedra, y el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron una querella penal y pidieron el retiro de la inmunidad de Porras.

Lo hicieron ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo Arévalo para participar en la junta de Gabinete del pasado 29 de enero.

El conflicto entre ambos se remonta desde la época electoral, cuando después de que Arévalo lograra pasar al balotaje, que terminó ganando, Porras lidero un embate judicial en su contra y contra su formación, el Movimiento Semilla.

"Proscrita internacionalmente"

Antes de tomar posesión el pasado 15 de enero, Arévalo denunció un intento de golpe de Estado con el objetivo de evitar que asumiera el poder. Su asunción se mantuvo en entredicho hasta el último momento debido a distintas investigaciones judiciales en su contra.

Porras está sancionada por el Gobierno de EE.UU. "por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción", y ha sido sancionada por la Unión Europea (UE).

El mandatario dijo además que Porras "es una persona que está proscrita internacionalmente por 30 países, entre ellos nuestros principales socios estratégicos y países con un Estado de derecho fuerte", y que el pueblo guatemalteco ha demostrado abiertamente que quiere su renuncia.

"Estamos viendo los mecanismos para encontrar las rutas que establezcan una condición que permita sustituirla a ella para que el Ministerio Público retome su capacidad de ser el ente confiable de justicia en Guatemala", declaró.

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