Denuncian violencia paramilitar detrás de una minera canadiense en Ecuador

El Frente Nacional Antiminero de Ecuador denunció que presuntos grupos paramilitares amedrentaron a varias comunidades del cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi, en el centro del país.

Los hechos han ocurrido desde el pasado 7 de marzo hasta este lunes, cuando mercenarios supuestamente al mando de la empresa minera La Plata, subsidiaria de la canadiense Atico Mining Corporation, llegaron a las comunidades para amenazar a sus habitantes.

Este lunes, denunciaron que esas fuerzas paramilitares atacaron a campesinos en Las Pampas, en Sigchos, "por defender su territorio del extractivismo". En un video publicado en X, el Frente Nacional Antiminero muestra a una persona a la que le causaron una herida en la cabeza.

Según la organización, previamente, el 7 de marzo, alrededor de 30 personas armadas –que formarían parte de una fuerza paramilitar que lleva por nombre 'Juntas de Defensa del Campesinado'– se concentraron en la parroquia Palo Quemado. Se trataría de un grupo irregular al mando de una persona identificada como Raúl Bayas, a quien acusan de haberse alineado con las corporaciones mineras desde 2021.

Un día después, "las fuerzas irregulares montaron retenes ilegales en el recinto Las Minas, en Santa Rosa y en la comunidad San Pablo, desplazándose en tres motocicletas con dos ocupantes cada una y dos camionetas —todos los vehículos sin placas— en el tramo comprendido entre los lugares en mención hacia la parroquia Palo Quemado, por el occidente y hasta el reciento intercultural La Florida, por el oriente", dice la denuncia.

El Frente Nacional Antiminero indica que en esos retenes ilegales, individuos encapuchados exigieron documentación a los transeúntes, "sin portar un uniforme, identificación ni orden judicial" y "ostentaban armamento de grueso calibre".

El sábado 9 de marzo, continúa la denuncia, fueron amedrentados alrededor de 20 campesinos defensores de derechos humanos y de la naturaleza que asistieron a una asamblea comunitaria, en la que justamente pretendían analizar los hechos previos y buscar alternativas jurídicas al problema del extractivismo minero.

El domingo, entretanto, de acuerdo con la organización, "se reforzó la presencia paramilitar de la empresa minera". Relatan que ingresaron dos camiones con algunas personas que fueron escoltadas por personal de la compañía, y se alojaron en las instalaciones de la firma.

"La mayoría del personal está fuertemente armado", dicen los denunciantes. Además, mencionan que un comando paramilitar, "subordinado a la empresa", intentó incautar un envío de panela orgánica certificada de la Asociación Flor de Caña, que tiene como destino Europa y es una de las principales fuentes económicas del pueblo.

Complicidad del Gobierno

El Frente Nacional Antiminero manifiesta que estos actos se dan en complicidad con el Gobierno ecuatoriano, pues suceden a pocos días de que el presidente, Daniel Noboa, participara en la mayor feria de la minería del mundo, de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), que se desarrolló en Toronto, Canadá.

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El propio proyecto La Plata, a través de su cuenta en X, informó que el Gobierno ecuatoriano firmó un acuerdo de inversión con Atico Mining Corporation, en el marco del PDA C2024, "mostrando su compromiso con el desarrollo de la minería responsable en el Ecuador".

El Frente Nacional Antiminero señala al mandatario de ser "lobista oficial" de las corporaciones mineras y los grupos económicos ecuatorianos con inversiones en el sector, entre ellos el Grupo Nobis, que es propiedad de su tía Isabel Noboa.

Asimismo, advierten que la empresa Atico Mining, de la mano de la administración de Noboa —concretamente con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)— y las "fuerzas mercenarias" preparan "una fraudulenta consulta ambiental impuesta a sangre y fuego".

Ya la semana pasada, organizaciones indígenas expresaron su rechazo a un manual emitido por el Ministerio de Energía y Minas, con el cual se buscan "operativizar" procesos de consulta previa para llevar a cabo proyectos de minería. Consideran que fue una decisión "unilateral" del Ejecutivo, violando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.