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La Policía española espió ilegalmente a 55 diputados de Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy
Entre los espiados, figuran dos ministros del actual Gobierno de Pedro Sánchez.
La Policía Nacional de España espió ilegalmente a 55 diputados de Unidas Podemos (UP) durante el Gobierno de Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular (PP), al menos entre los años 2015 y 2016, cuando la formación dio el salto a la política nacional con 69 escaños en el Congreso de los Diputados.
Las labores de espionaje fueron llevadas a cabo por un grupo de agentes conocido como la Policía patriótica, controlada por el PP, que se dedicaron durante esos años a labores de destrucción de pruebas sobre la corrupción del partido dirigidas por Rajoy ya espiar y elaborar pruebas falsas contra rivales políticos, actuaciones que han sido investigadas en distintas causas seguidas en los juzgados.
Ione Belarra (Podemos) sobre la investigación que hizo la Policía a a 55 diputados de Podemos a través de las bases de Interior: "El resultado de estas elecciones... no fueron unas elecciones completamente limpias"#LHIoneBelarra▶️ https://t.co/sQ6U7lk1qmpic.twitter.com/5vWFTw5oSN
— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) July 11, 2024
Entre los objetivos de los uniformados, se encontraba Pablo Iglesias, líder de UP en aquel entonces; Íñigo Errejón, quien era su mano derecha; Yolanda Díaz, actual ministra vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo; o Pablo Bustinduy, actual ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La operación de espionaje fue organizada por el número dos del Ministerio del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño.
Nos acusaban de querer implantar una dictadura en España mientras nos espiaban como hacen las dictaduras, En un país normal, los responsables políticos y policiales tendrían que afrontar responsabilidades penales.
— Íñigo Errejón (@ierrejon) July 11, 2024
Los agentes realizaron miles de búsquedas en los ficheros de la Policía, sin autorización judicial ni causa aparente, en los que constaban desde desplazamientos hasta alojamientos en hoteles. Esa información ha sido remitida por el cuerpo policial al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, según ha desvelado ElDiario.es.
Pedraz abrió esta causa en febrero de 2024 tras recibir la querella interpuesta por Podemos que denunciaba maniobras ilegales de la Policía patriótica en su contra, basada en una conversación de mensajería instantánea hallada en el móvil incautado a Francisco Martínez durante la investigación de la operación Kitchen, que indagaba una operación ilegal del Ministerio del Interior para sustraer y destruir pruebas de corrupción del PP.
La policía patriótica del PP espió a los diputados de Podemos a través de las bases de datos del Ministerio del Interior entre 2015 y 2016. Pablo Iglesias, Irene Montero y Yolanda Díaz sufrieron más de 500 rastreos policiales. Mafia pura. pic.twitter.com/Z3YUHHvGAP
— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 10, 2024
En esa conversación, difundida por El País, Martínez da instrucciones a García Castaño para que averigüe datos comprometedores de los diputados de UP.
La actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó que esta guerra sucia no era contra su partido sino "contra la democracia y el avance social" que representaba su formación.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostuvo que "el PP nunca acepta las reglas democráticas". "Nos espió masivamente para evitar que hubiera cambios en España. No lo consiguieron. Una noticia tan grave nos debe empujar a seguir democratizando las instituciones. El PP debe responder ante la sociedad española", escribió en sus redes sociales.
La formación que lidera Díaz, Sumar, publicó un mensaje en el que afirmaba: "Todo el aparato del Estado puesto al servicio de un partido corrupto y mafioso intentando parar la soberanía popular. No lo consiguieron ni lo conseguirán. Que los responsables lo paguen".
La operación policial se desencadenó después de las elecciones de diciembre de 2015, cuando el PP temía perder el poder si PSOE y UP llegaban a un acuerdo y eran apoyados por otros partidos minoritarios, por lo que presuntamente orquestó una operación con la finalidad de desacreditar a los diputados de Unidas Podemos.
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