La guerra, iniciada el 28 de febrero de 2026 por EE.UU. e Israel contra Irán, ha tensionado el equilibrio internacional, generando problemas específicos en cada región del planeta, según su relación con el conflicto. En el interior de la Unión Europea, la guerra ha activado una serie de fricciones que han dejado al descubierto importantes diferencias políticas, económicas y estratégicas entre los Estados miembro y las propias instituciones comunitarias.
Una sucesión de episodios en torno a diferentes aspectos del conflicto va trazando en el tiempo una imagen reconocible: la de una Unión Europea con muchas dificultades para responder como un actor coherente cuando las crisis agitan el tablero internacional.
Comienzos: una Europa, varias voces
La fractura aparece desde el inicio. En los días inmediatamente posteriores al 28 de febrero, la Unión Europea es incapaz de fijar una posición común clara sobre la intervención militar.
España adopta una de las posturas más críticas dentro del bloque. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, invoca el espíritu del "no a la guerra" (en un movimiento efectista que le granjea muchas simpatías dentro del electorado español) y sostiene que, si bien repudia al régimen iraní, "no se puede responder a una ilegalidad con otra", marcando una clara distancia con la operación militar.
Otros países, en cambio, adoptan posiciones más alineadas con Washington y Tel Aviv, o al menos más ambiguas, evitando una condena frontal. Así, Francia, Alemania y el Reino Unido evitaron condenar los bombardeos iniciales de EE.UU. e Israel, y en cambio sí pidieron a Irán que buscara una "solución negociada" y condenaron sus represalias, en una postura que contrastaba con la posición de España.
El resultado es una respuesta diplomática fragmentada, en la que la UE como bloque evita implicarse directamente, pero tampoco articula una línea política única.
La guerra comienza así evidenciando dos factores de divergencia: por una parte, la política exterior europea sigue siendo, en gran medida, la suma de posiciones nacionales. Y por otra, se genera un conflicto entre valores políticos e intereses estratégicos: cuando unos teóricos aliados de Bruselas, como Israel y EE.UU., se lanzan a una guerra a todas luces ilegal, Europa queda paralizada entre sus lealtades y su también teórica defensa del Derecho internacional.
Marzo: cuando la fractura se traduce en decisiones concretas
La divergencia entre países y posturas dentro del seno de la Unión deja de ser retórica pocos días después. A principios de marzo, España rechaza colaborar con la operación militar y limita el uso de sus bases para apoyar la ofensiva estadounidense.
No todos los socios europeos adoptan decisiones similares. La diferencia ya no es solo de discurso, sino de comportamiento operativo. Alemania permitió que EE.UU. siguiera utilizando infraestructuras clave como la base de Ramstein, mientras el Reino Unido autorizó el uso de sus instalaciones para ataques contra objetivos iraníes. Francia e Italia, por su parte, se sumaron a despliegues navales y logísticos vinculados a la seguridad en el estrecho de Ormuz.
Este episodio da una idea de la profundidad de la fractura interna: no solo hay desacuerdo político, sino también distintas interpretaciones sobre hasta qué punto los países europeos deben implicarse —directa o indirectamente— en una guerra liderada por el que tradicionalmente se ha considerado su principal aliado.
Abril: la crisis energética revela intereses divergentes
Con el paso de las semanas, el conflicto se traslada al terreno económico. El cierre parcial del estrecho de Ormuz dispara los precios del petróleo y el gas y eleva de forma significativa el coste energético en Europa.
Pero el impacto no es homogéneo. Algunos países, más dependientes de determinadas rutas o con menor capacidad de refino, se enfrentan a mayores tensiones. Otros cuentan con mejores reservas o una estructura energética más diversificada.
Esta asimetría se traduce en prioridades distintas. Para algunos gobiernos, la crisis es urgente y exige intervención inmediata. Para otros, es una presión relevante pero manejable. La consecuencia es una dificultad añadida para acordar respuestas comunes.
El episodio más visible de esa falta de coordinación llega en abril, cuando España, Alemania, Italia, Austria y Portugal envían una carta conjunta a la Comisión Europea reclamando un impuesto comunitario sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.
La respuesta de Bruselas es negativa. La Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, rechaza impulsar un gravamen común y se limita a señalar que cada Estado puede actuar por su cuenta.
La fractura aquí es múltiple. Por un lado, enfrenta a varios Estados con la Comisión. Por otro, evidencia que ni siquiera entre los propios países existe unanimidad suficiente para avanzar en una medida fiscal común. Y, en un tercer nivel, exhibe las limitaciones estructurales de la UE para actuar en materia tributaria.
Regulación y soberanía: Bruselas frente a los Estados
La tensión no se limita al impuesto energético. A principios de abril, la Comisión Europea advierte a España de que la reducción del IVA a los carburantes —aprobada como medida para mitigar el impacto de la crisis— contraviene la normativa comunitaria.
El episodio ilustra otra fricción recurrente: la que aparece cuando se enfrenta la necesidad de respuestas nacionales rápidas con los límites del marco regulatorio europeo. Mientras los gobiernos intentan aliviar el impacto de la crisis en sus economías, Bruselas actúa como garante de las reglas comunes, y el equilibrio entre ambas lógicas no siempre resulta posible.
Una respuesta inane
A medida que avanza abril, la percepción de falta de coordinación se refuerza. La Comisión tarda semanas en concretar su paquete de medidas y, cuando lo hace, opta por una batería de recomendaciones y ajustes genéricos antes que por instrumentos más contundentes. Algunas propuestas iniciales —como imponer un día obligatorio de teletrabajo para reducir el consumo energético— ni siquiera llegan a implementarse, y acaban siendo retiradas ante la falta de consenso y las dudas legales.
El resultado es una respuesta fragmentada, poco operativa y menos ambiciosa que en crisis anteriores. En el Parlamento Europeo, empiezan a escucharse críticas en ese sentido y a cuestionarse la capacidad de la UE para reaccionar con rapidez.
Las grietas que la guerra de Irán ha abierto en la Unión Europea no son nuevas. La divergencia en política exterior, las asimetrías económicas, los límites de la integración fiscal y la tensión entre regulación común y decisiones nacionales forman parte del funcionamiento habitual del bloque. Pero la acumulación de episodios desde finales de febrero —posiciones divergentes ante la guerra, decisiones operativas distintas, respuestas económicas desiguales y conflictos institucionales— vuelve a ponerlas en primer plano.