El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) contrató a una empresa privada de seguridad para localizar a menores migrantes indocumentados que llegaron solos al país, de acuerdo con un documento de contratación citado por The Guardian.
La compañía seleccionada para la tarea, MVM Inc, fue demandada en 2024 por dos padres guatemaltecos y sus respectivos hijos por "tortura, desaparición forzada y tratos crueles, inhumanos y degradantes" y acusada de contribuir a la separación de familias. En la demanda, se la acusa de llevarse a "miles de niños de sus padres" y trasladarlos a refugios y centros de detención improvisados.
Mientras MVM pidió desestimar el caso judicial en su contra, asegurando que había condenado abiertamente la campaña de separación de familias e insistiendo en que no debería responder por las políticas del Gobierno de EE.UU. al ser una empresa privada, el litigio por tortura y desapariciones forzadas sigue en curso en un tribunal federal.
En el marco de su trabajo para ICE, está encargada de rastrear a menores no acompañados que fueron liberados de custodia gubernamental y quedaron en comunidades mientras atraviesan procedimientos ante tribunales de inmigración. El objetivo formal es llevar a cabo los "chequeos de seguridad y bienestar" de los niños para asegurarse de que van al colegio, están bien y no sufren abusos ni son víctimas de trata de personas, de acuerdo con el contrato.
"Separación familiar por la puerta trasera"
Sin embargo, un documento interno revisado por The Guardian el año pasado evidencia que el servicio 'cazamigrantes' de Donald Trump emprende estas operaciones para luego deportar a los menores o dar inicio a casos penales en su contra o en contra de sus patrocinadores adultos que les dan refugio legalmente en suelo estadounidense. En su día, un crítico calificó esta estrategia como una "separación familiar por la puerta trasera".
Ante las críticas, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. negó que ICE esté "apuntando" a menores o arrestándolos, y sostuvo que esa narrativa intenta "demonizar a las fuerzas del orden". Según esa versión, la agencia pregunta a los padres si desean ser expulsados junto con sus hijos o si prefieren que el menor quede al cuidado de una persona segura que ellos designen.
El contrato, cerrado con MVM a mediados de abril, es de un año. En defensa del programa actual, el Departamento de Seguridad Nacional remarcó que los contratistas de MVM no tienen autoridad para hacer cumplir leyes migratorias y que la iniciativa busca proteger a menores vulnerables de abuso sexual y explotación mediante controles de bienestar.
Aun así, la contratación vuelve a encender el debate sobre el papel de empresas privadas en operativos relacionados con niños migrantes y sobre el objetivo real de estas visitas en el contexto de la política migratoria estadounidense.