El Gobierno cubano acusó a Washington de valerse de maniobras judiciales "oscuras" para intentar justificar ante la opinión pública agresiones contra Estados soberanos, luego de que el Departamento de Justicia del país norteamericano anunciara esta jornada una imputación en contra del expresidente Raúl Castro y otros cinco cubanos por la muerte de cuatro personas en 1996, ocasionada por el derribo de dos aviones que incursionaron ilegalmente en el espacio aéreo de la isla.
"Esta acusación —contra Raúl Castro— conlleva una amenaza adicional, puesto que se sabe de la práctica oscura de EE.UU. de utilizar acusaciones como esta para actuar militarmente contra Estados soberanos. Su amparo no es la justicia; su amparo es el uso del poderío militar descomunal que tiene el Gobierno de EE.UU. Debe decirse y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano", sostuvo el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío, en una entrevista concedida al programa 'Mesa Redonda'.
Alcance y motivaciones de la "acusación fraudulenta"
En su exposición, el diplomático calificó la acusación contra Castro y las otras cinco personas como "fraudulenta", visto que "no tiene asidero legal, no tiene asidero político ni asidero moral alguno", y aseguró que "debe verse como parte de la escalada creciente, agresiva" desatada por la Casa Blanca contra el país caribeño durante 2026. "No se trata de un hecho aislado: forma parte de esa agresión, [es] un acto canalla dentro de esa agresividad", puntualizó.
A su juicio, el proceso contra el líder de la Revolución cubana también puede verse "como una especie de favor político a una camarilla no representativa de EE.UU. —ni siquiera representativa de los cubanos que viven en EE.UU.—, pero políticamente bien posicionados, económicamente bien posicionados", que ha logrado tener "una influencia desproporcionada en las decisiones que toma el Gobierno" estadounidense, "gracias a la naturaleza corrupta del sistema político" del país norteamericano.
"Y debe verse también como parte de un fenómeno que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, en que se ve a la gran prensa —tanto internacional, como de la gran prensa estadounidense— empujando la idea y alimentando la idea de la supuesta inevitabilidad de una agresión de EE.UU. contra Cuba", añadió.
Lo que realmente pasó
Fernández de Cossío hizo un recuento detallado de lo sucedido no solo el 24 de febrero de 1996, cuando Cuba derribó dos avionetas estadounidenses que violentaron su espacio aéreo, sino en los 20 meses previos, donde hasta en "25 ocasiones, el Gobierno cubano se dirigió por vía diplomática al Departamento de Estado y a la Administración Federal de Aviación de EE.UU." para denunciar la incursión irregular en su territorio de aeronaves pilotadas por miembros de la "organización hostil" Hermanos al Rescate y advertir sobre los peligros que tal práctica entrañaba.
"Nuestro Gobierno reclamó, además, al Gobierno de EE.UU. que le retirara las licencias de vuelo [a los pilotos que volaban ilegalmente sobre Cuba]. Incluso, el Gobierno de EE.UU. llegó a retirarle en esa época la licencia de vuelo al líder de esa organización —Hermanos al Rescate—, un tal [José] Basulto. Y, aun así, continuó volando, conociéndolo el Gobierno y las autoridades estadounidenses", refirió.
En vista de la omisión de las autoridades estadounidenses frente a un hecho que incluso fue propagandizado por la prensa de entonces, unos 40 días antes de los hechos, las autoridades cubanas emitieron un comunicado "en el que se decía, textualmente, que cualquier aeronave que volara sobre su espacio aéreo sin autorización sería interceptada y, de ser necesario, neutralizada"; se advertía que "Cuba contaba con los medios con los cuales proteger su espacio aéreo", explicó el vicecanciller.
Ante la falta de acciones oportunas por parte de Washington, La Habana trasladó un mensaje al presidente de entonces, Bill Clinton —y obtuvo acuse de recibo—, "advirtiendo y alertando" sobre el peligro de los sobrevuelos no autorizados, pero en lugar de conseguir que se detuvieran, se mantuvo la tolerancia hacia la irregularidad, al punto de no haber hecho nada para impedir los sucesos del 24 de febrero de 1996.
"El día de los hechos, se sabe que tanto el Departamento de Estado como el Consejo de Seguridad Nacional y la autoridad de aviación civil conocían que esta incursión de vuelo iba a ocurrir. Lo conocían incluso desde la noche anterior en la Casa Blanca y no actuaron; es decir: tomaron la decisión de no actuar, hubo complicidad en ese hecho", denunció Fernández de Cossío.
El alto funcionario mencionó que se ha desclasificado información que incluye comunicaciones del Departamento de Estado y de otras agencias del Gobierno de EE.UU. en las que reconocen que "las incursiones aéreas ilegales" son una "violación del derecho internacional, alertan sobre el peligro que tienen e incluso mencionan un escenario catastrófico de consecuencias nefastas si continuaran estas provocaciones". "Llegan a decir incluso que era muy probable que Cuba tomara una acción para proteger su espacio aéreo", señaló.
Todo ello, dijo para concluir, pone del lado de Washington la responsabilidad de los decesos por los que hoy imputaron a Castro y a otros ciudadanos cubanos. "Por tanto, lo que se hizo hoy no fue un acto de justicia, sino un acto de injusticia contra un grupo de compañeros cubanos, empezando por el general de Ejército [Raúl Castro], que estaban cumpliendo con su deber", completó.