La situación de emergencia generada en Venezuela tras el doblete sísmico que impactó al país la semana pasada ha movilizado a la comunidad internacional de manera importante. Rescatistas de decenas de países y envíos de ayuda humanitaria desde distintos continentes se han hecho presentes para respaldar las labores del Gobierno venezolano para salvar con vida a la mayor cantidad de personas bajo los escombros, que hasta ahora contabilizan 6.461 personas rescatadas con vida.
De igual forma, organizaciones humanitarias y gobiernos han manifestado su interés de ayudar a Venezuela en la dramática situación que enfrenta su población tras el desastre natural que hasta la fecha deja un saldo de casi 2.300 personas fallecidas, más de 11.000 heridas, cerca de 13.000 damnificadas tras el colapso total de casi 200 edificaciones y de otras más de 600 con serios daños en sus estructuras, lo que de momento los deja en condición de inhabitables.
En medio de la urgencia el Reino Unido informó —a través de un comunicado— que están dispuestos a "apoyar la respuesta al terremoto de Venezuela" con un aporte inicial de "2 millones de libras esterlinas (2,6 millones de dólares) en fondos humanitarios", dinero que según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Commonwealth saldrá "de donaciones del público británico".
Para ello, Londres abrió una campaña de recaudación de fondos que serán administrados por el Comité de Emergencia de Desastres del Reino Unido, instancia que reúne a 15 principales organizaciones benéficas de ayuda de la corona británica. Como parte de esa ayuda, agregó la embajada británica en Venezuela, está el envío de "un equipo especializado de 68 personas", "seis perros de búsqueda especializados" y drones para "ayudar a localizar y rescatar a quienes quedaron atrapados", así como para evaluar los derrumbes e identificar zonas peligrosas.
Al mismo tiempo, distintas voces del Reino Unido, como el primer ministro, Keir Starmer, la canciller, Yvette Cooper, y la titular de las Fuerzas Armadas, Louise Sandher-Jones, han expresado el apoyo británico a Venezuela y han hecho énfasis que la ayuda "en particular" es con las víctimas del desastre.
Sin embargo, en medio de la dramática situación humanitaria que golpea a Venezuela, ninguna de las autoridades del Reino Unido hace mención a la vigencia de medidas coercitivas y económicas ejercidas por Londres contra el país suramericano por motivos políticos que devino en la retención de 32 toneladas de oro venezolano desde que la fallecida reina Isabel II ordenó, en febrero de 2019, el reconocimiento del reino británico al falso 'gobierno interino' del que se autoproclamó 'presidente' el exasambleísta prófugo de la justicia venezolana Juan Guaidó.
¿Qué ha pasado con el oro de Venezuela?
La medida de Isabel II, que continuó su sucesor, el rey Carlos III, originó que el Banco de Inglaterra bloqueara indefinidamente los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV), equivalentes en la actualidad a más de 4.000 millones de dólares, dinero que desde 2019 es reclamado por Caracas para hacer frente al impacto económico negativo contra la población venezolana, que se ha visto notablemente afectada por el bloqueo comercial y las sanciones aplicadas por EE.UU. y sus países aliados.
Aunque Venezuela ha intentado por todas las vías legales recuperar el oro retenido por el Banco de Inglaterra, los recursos jurídicos no han sido suficientes para romper el muro político establecido a escala internacional contra Caracas a través del reconocimiento del falso gobierno de Guaidó, al que incluso sus propios aliados decidieron ponerle fin.
Sin embargo, el entramado irregular sí funcionó como medida de presión en las acciones continuadas implementadas por la extrema derecha venezolana y sus aliados foráneos para derrocar al Gobierno venezolano, que era liderado entonces por el ahora presidente secuestrado Nicolás Maduro, a quien EE.UU. mantiene privado de libertad desde que lo extrajo de Caracas en una mortífera invasión y bombardeo militar ejecutado el pasado 3 de enero de 2026, donde también fue raptada su esposa, la diputada Cilia Flores.
Mientras las autoridades londinenses ahora manifiestan su apoyo a Venezuela, mantienen su silencio absoluto sobre el oro venezolano retenido, cuya última decisión oficial fue en junio de 2023, cuando el Tribunal de Apelaciones de Londres desestimó un recurso presentado por el BCV contra un fallo del 29 de julio de 2022, de la jueza británica Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres, que otorga autoridad sobre el oro a una junta 'ad hoc' o paralela nombrada por el opositor Juan Guaidó, cuando se autonombró presidente interino de Venezuela.
Para ese momento, la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, actual mandataria encargada, dijo que la decisión del tribunal británico estaba "sometida, subordinada, amordazada, a las decisiones de la corona británica", que era "destemplada" y se daba sin ningún "tipo de control judicial" sobre la base de la mentira de Guaidó, para realizar una "apropiación ilegítima del patrimonio de los venezolanos".
El fallo de Cockerill se produjo incluso después que el Reino Unido había decidido desconocer a Guaidó como "presidente interino", debido a que sus propios aliados del fallido proyecto de gobierno paralelo lo habían expulsado del cargo.
El argumento de la juez fue que aunque ya el opositor era reconocido como supuesto mandatario, sus designaciones en instituciones paralelas como el falso BCV, o el Tribunal Supremo de Justicia paralelo, o la Asamblea Nacional sin funciones desde 2015, sí eran consideradas legales a su parecer, por lo que en todo caso debían ser esas supuestas autoridades, no electas ni reconocidas legalmente en Venezuela, las que debían administrar las 32 toneladas de oro que para entonces tenían un valor calculado en 1.950 millones de dólares.
Política de doble cara
Todos esos falsos funcionarios son buscados por la Justicia venezolana por usurpar cargos públicos y atribuirse funciones de una institución del Estado. Estos, tras la expulsión de Guaidó, también decidieron que la falsa presidencia interina quedaría a cargo de otra prófuga: la exdiputada Dinorah Figuera, quien para el momento de su designación residía en España y desde allá realizaba gestiones para apropiarse de los recursos venezolanos en el extranjero, como los bienes de la refinería Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en EE.UU., entre otros.
Y es que aunque el Reino Unido insistió en no reconocer la legitimidad del Gobierno de Maduro, sus acciones legales son contradictorias porque su delegación diplomática instalada en Caracas siempre avaló a las autoridades legítimas de Venezuela, como lo hizo en 2018 el entonces embajador Andrew Soper, quien presentó oficialmente sus cartas credenciales "al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una ceremonia en el Palacio de Miraflores", hasta que se retiró del cargo en marzo de 2021.
Mientras tanto, Venezuela sigue a la espera de que el Reino Unido se pronuncie nuevamente con respecto a la entrega de sus reservas de oro retenidas desde hace siete años en el Banco de Inglaterra, recursos que en este momento de emergencia nacional y de devastación por los dos terremotos, ayudarían notablemente a enfrentar el drama humanitario y a reconstruir las zonas más golpeadas, especialmente las viviendas para las miles de familias que han quedado sin techo tras el derrumbe parcial o total de sus hogares.