La medida de desalojo dictada contra una mujer de 54 años con cáncer terminal fue suspendida 'in extremis' en Granadilla de Abona, Tenerife, a un día del polémico desahucio que dejó en la calle a una vecina de 87 años en Madrid, España.
Según 20 Minutos, el Ayuntamiento medió para postergar la expulsión de la mujer, que no solo tiene afectación cerebral y metástasis en los pulmones y ovarios, sino que también depende de las ayudas públicas. En principio, el desalojo estaba previsto para el viernes a las 10:00 de la mañana, en una vivienda de la calle José Ventura.
Las razones del desahucio, según la prensa, son por falta de pago. Ante la situación, el Sindicato de Inquilinas en Tenerife intercedió para exigir al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Granadilla que se movilizaran "de manera inmediata" para impedir la medida judicial y garantizaran una alternativa a la paciente oncológica, que tiene una dependencia de grado 2 y está al cuidado de una joven.
Por su misma condición médica, la mujer se ha visto impedida de alquilar otra vivienda o incluso una habitación, ya que los arrendadores suelen exigir un contrato de trabajo que ella no posee.
"Dejé de pagar después de la pandemia porque no me alcanzaba el dinero, tuve que dejar de pagar, porque me entraron a robar y se llevaron todo lo que tenía de valor, el dueño se desentendió y no me quiso ayudar", explicó.
Crispación política
La decisión del juzgado ocurre en medio de la crispación social provocada por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía en el distrito madrileño de Retiro. La anciana fue expulsada en camilla de la casa en la que vivió durante siete décadas —por decisión de un fondo buitre— tras días de tensiones entre los vecinos del barrio y la policía.
Mientras que voceros del Gobierno de Pedro Sánchez se limitaron a decir que "el fondo no aceptó ni una" de las propuestas de negociación para evitar la expulsión de la anciana, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que su administración solo se limitó a cumplir la ley.
"No es una decisión nuestra, es cumplimiento de una ley que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas. No han hecho nada", aseguró al denunciar que Sánchez prometió la construcción de 184.000 viviendas, y no cumplió.
"Estamos viendo ahora, desde hace dos días, una barra libre de demagogia inasumible que se está promoviendo desde La Moncloa con el dinero de todos (...). Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional que la gestiona el Gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial", afirmó la política del conservador Partido Popular (PP).