El reciente desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía desde hace 70 años en un apartamento de Madrid con un alquiler de renta antigua, ha vuelto a poner el foco sobre la grave situación de la vivienda en España.
Solo durante el primer trimestre del 2026, se registró un total de 4.005 desahucios, lo que equivale a un promedio de hasta 45 por día. A pesar de ser una cifra alta, son 3.329 casos menos que en el mismo periodo del año pasado, según los recientes datos del Consejo del Poder Judicial, citados por medios locales.
Más de la mitad de los desahucios (2.600 casos) ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de marzo se dieron por no pagar el alquiler. Respecto a las ejecuciones hipotecarias, los lanzamientos alcanzaron los 971.
Mientras, durante el 2025 se registraron en total 21.562 lanzamientos judiciales, casi el 64 % de los cuales se produjeron en las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid, acumulando 13.756 casos, recoge El Mundo.
Vivienda en manos de 'megatenedores'
Los desalojos surgen en medio de que varias empresas controlan una parte del mercado del alquiler en España, como fue el caso de Maricarmen. Así, aproximadamente 180.000 alquileres están en manos de 'megatenedores', en su mayoría, grupos inmobiliarios, de acuerdo con un informe de la plataforma CIVIO, informa la Cadena SER.
Una gran parte de los apartamentos está en manos de las empresas financieras. Por ejemplo, Caixabank cuenta con 22.000 viviendas, mientras el fondo estadounidense Blackstone controla casi otras 20.000.
El investigador del Barcelona Centre for International Affairs, Manuel Gabarre, señaló que el mercado está cada vez más concentrado, especialmente desde la crisis económica del 2008, cuando los bancos compraron a las cajas, absorbieron otros bancos, por lo que una gran cantidad de viviendas quedó en pocas manos.
El caso de Maricarmen
El problema de los desahucios se ha puesto de relieve después de que Maricarmen fuera expulsada la semana pasada en camilla de la casa del distrito madrileño de Retiro, en la que vivió durante 7 décadas —por decisión de un fondo buitre— tras días de tensiones entre los vecinos del barrio y la Policía.
El polémico caso provocó protestas en Madrid bajo el lema "ni una Maricarmen más. Señalemos a los responsables", que culminaron con una acampada en la plaza Puerta del Sol. El Sindicato de Inquilinas exige al Gobierno el denominado 'Decreto Maricarmen', con medidas para evitar desahucios, prorrogar contratos y establecer su renovación automática para convertirlos en indefinidos.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en X que las autoridades trabajan para llevar el martes al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley sobre Vivienda y pidió a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para convalidarlo. El desahucio de Maricarmen también generó críticas de Unidas Podemos y Sumar, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó al Gobierno central y defendió que se dio cumplimiento a una resolución judicial.