Kevin D. Curry, un hombre de 64 años y propietario de clínicas de salud mental en Texas y Florida (EE.UU.), fue hallado culpable de múltiples delitos de fraude y corrupción por un tribunal federal, tras estafar al programa militar sanitario 'Tricare' para realizar compras de lujo, entre ellas la adquisición de una camioneta Tesla Cybertruck bañada en oro, informó en un comunicado el Departamento de Justicia de ese país.
De acuerdo con el documento, el acusado facturó más de 26 millones de dólares en terapias de estimulación magnética transcraneal que resultaron ser innecesarias o no proporcionadas, y con esto consiguió un pago de aproximadamente 17 millones de dólares. El estafador entregó más de 5,5 millones de dólares en sobornos directos a militares activos, veteranos y familiares para asegurar su consentimiento en el esquema.
El procesado utilizó ilegalmente las credenciales de médicos reales, sin su conocimiento, y se hizo pasar falsamente por doctor para coaccionar a los pacientes y validar los servicios fraudulentos. Además, para ocultar el engaño, ordenó a sus empleados fabricar historiales médicos que respaldaran las facturaciones enviadas al programa militar.
Con parte de los fondos ilícitos obtenidos el hombre financió gastos extravagantes en hoteles, una ostentosa fiesta temática de casino y más de 100.000 dólares para adquirir la mencionada camioneta Tesla Cybertruck bañada en oro.
La fiscalía federal estructuró el caso y demostró cómo Curry operaba la red de desvío de recursos públicos para luego blanquear el dinero mediante transacciones. Entre las agencias encargadas de la investigación estuvieron el Servicio de Investigación Criminal de la Defensa (DCIS), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Unidad de Control de Fraude de Medicaid de Texas y la Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos.
Un jurado popular en Fort Worth, Texas, emitió un veredicto de culpabilidad contra el responsable, por tres cargos de fraude sanitario, tres de pago de sobornos y tres de transacciones con bienes de origen criminal. El implicado afronta una pena máxima de hasta 10 años de prisión por cada cargo y espera la fecha oficial para la lectura de su sentencia.
