El Gobierno de México presentó este lunes los avances del caso Ayotzinapa, a 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, que señalan especialmente a una funeraria, al Servicio Médico Forense (Semefo) y al manejo de cuerpos en el estado de Guerrero.
En una conferencia de prensa, el fiscal encargado del caso, Mauricio Pazarán, informó que localizaron 23 "indicios" tanto en el Semefo de la ciudad de Iguala —donde desaparecieron los jóvenes— como en la funeraria 'El Ángel'.
Hallaron cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, entre otras cosas. Incluso descubrieron certificados de defunción, oficios de traslado de cadáveres y autorización de inhumaciones en blanco, con sellos oficiales, lo que podía "alterar el rastro documental" de los muertos.
Sin embargo, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, aclaró que una vez revisados los perfiles genéticos de los padres, estos restos "no corresponderían a los estudiantes".
"En documentos de esta naturaleza se asientan datos sobre una persona fallecida, la causa de su muerte, el traslado de su cuerpo o su inhumación. Tenerlos firmados y sellados en blanco abría la posibilidad de introducir información falsa con apreciación de un respaldo oficial. Una muerte violenta podía hacerse constar como natural", subrayó Pazarán.
El fiscal especial detalló que en el Semefo dieron con restos óseos sin registro, cuerpos con carpetas duplicadas y restos con referencias a 2014, cuando vieron por última vez a los 43 normalistas. Mientras que en la parte trasera encontraron restos óseos calcinados y piezas dentales.
"Se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba a través de funerarias y del Servicio Médico Forense de Iguala, Guerrero, como posibles mecanismos utilizados por la organización criminal 'Guerreros Unidos'", declaró Pazarán.
De igual forma, dejó entrever la colusión con funcionarios, dado que "en 2014 el Semefo de Iguala era operado y supervisado por el Gobierno del estado de Guerrero".