El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, ordenó este jueves 8 de octubre el arresto del exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y la cancelación de sus pasaportes. Según informó Poder360, la decisión dispone el inicio inmediato del cumplimiento de su condena a cuatro años y dos meses de prisión, en régimen inicialmente semiabierto.
Eduardo Bolsonaro fue condenado por coacción durante el proceso judicial contra su padre, al intentar presionar desde EE.UU. a las autoridades brasileñas que investigaban la tentativa de golpe de Estado. La sentencia quedó firme el pasado 3 de octubre, cuando se agotaron las posibilidades de apelación. El exparlamentario reside en territorio estadounidense desde febrero de 2025.
En la práctica, Bolsonaro no debería cumplir la pena mientras permanezca en EE.UU., y un eventual pedido de extradición difícilmente sería atendido por el Gobierno estadounidense, señala Agencia Brasil. Moraes ordenó las medidas después de declarar firme la sentencia, lo que puso fin a la posibilidad de presentar nuevos recursos.
El STF consideró probado que el exdiputado articuló los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump a las exportaciones brasileñas con el objetivo de intentar evitar la condena de su padre en el proceso por la trama golpista. Según el tribunal, medidas como la revocación de visas a ministros de la Corte y funcionarios del Gobierno y la aplicación de sanciones económicas bajo la Ley Magnitsky perseguían el mismo objetivo.
Eduardo Bolsonaro se encuentra en EE.UU. desde 2025 y perdió su mandato como diputado federal por sus ausencias a las sesiones de la Cámara de Diputados. Durante el proceso penal no presentó una defensa particular y fue representado por la Defensoría Pública de la Unión, que intentó sin éxito anular su condena ante el Supremo.
Además, en septiembre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil destituyó a Bolsonaro de su cargo como escribano de la Policía Federal por abandono del puesto. La decisión se basó en un proceso administrativo que constató ausencias injustificadas durante más de 30 días consecutivos.