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La corrupción traspasa fronteras: el tráfico de personas corroe las aduanas en EE.UU.
La conducta hipócrita en la frontera de Estados Unidos estimula el tráfico de personas, que hasta cierto punto es una práctica que goza de impunidad, según el analista Benjamín Prado.
El arresto del agente fronterizo Héctor Rodríguez, acusado de prácticas ilícitas en la frontera con México, desató un mar de críticas en EE.UU. en relación a las políticas aduaneras del país norteamericano.
Tras varias semanas de investigaciones en la Aduana de San Diego (California), se comprobó que el oficial fronterizo permitía el paso de indocumentados a territorio norteamericano. Rodríguez cobraba entre 10.000 y 15.000 dólares “por cada ilegal” que dejaba pasar y ofrecía a través de dos cómplices (que también fueron detenidos) “cruces garantizados” durante su turno. Se cree que el oficial dejó pasar al menos a 37 grupos de indocumentados compuestos de un número indefinido de inmigrantes cada uno.
El analista Benjamín Prado considera que esta es una práctica común en Estados Unidos, ya que la política migratoria de Washington conlleva la aparición de un mercado negro para el tráfico humano.
“Es una conducta hipócrita, porque estos agentes son contratados por una política de estado que sella la frontera y crea un mercado negro para el transporte de seres humanos y su ingreso en EE.UU.” denuncia el analista.
Prado recuerda que antes de 1993, cuando se activó la política de cierre de fronteras con agentes, aumentó el número de tráfico de personas, y sugiere que el caso de este agente fronterizo “no es un caso aislado", sino que -afirma- "es algo sistemático e institucional”.
“Se quiere establecer una política de ‘mano dura’ ante la opinión pública, se quiere obviar que en EE.UU. se cometen crímenes que amenazan los derechos humanos. Aquí hay menosprecio hacia los migrantes y hacia las personas no blancas”, denuncia Prado, que recuerda que el agente fronterizo también ha sido acusado de tráfico de droga.
Tras varias semanas de investigaciones en la Aduana de San Diego (California), se comprobó que el oficial fronterizo permitía el paso de indocumentados a territorio norteamericano. Rodríguez cobraba entre 10.000 y 15.000 dólares “por cada ilegal” que dejaba pasar y ofrecía a través de dos cómplices (que también fueron detenidos) “cruces garantizados” durante su turno. Se cree que el oficial dejó pasar al menos a 37 grupos de indocumentados compuestos de un número indefinido de inmigrantes cada uno.
El analista Benjamín Prado considera que esta es una práctica común en Estados Unidos, ya que la política migratoria de Washington conlleva la aparición de un mercado negro para el tráfico humano.
“Es una conducta hipócrita, porque estos agentes son contratados por una política de estado que sella la frontera y crea un mercado negro para el transporte de seres humanos y su ingreso en EE.UU.” denuncia el analista.
Prado recuerda que antes de 1993, cuando se activó la política de cierre de fronteras con agentes, aumentó el número de tráfico de personas, y sugiere que el caso de este agente fronterizo “no es un caso aislado", sino que -afirma- "es algo sistemático e institucional”.
“Se quiere establecer una política de ‘mano dura’ ante la opinión pública, se quiere obviar que en EE.UU. se cometen crímenes que amenazan los derechos humanos. Aquí hay menosprecio hacia los migrantes y hacia las personas no blancas”, denuncia Prado, que recuerda que el agente fronterizo también ha sido acusado de tráfico de droga.
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