"Ladrillo por ladrillo, si es necesario". Así definió su intención de desmantelar la CPI el secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump. Marco Rubio acusó a la entidad de "librar una guerra" contra EE.UU., "mediante estatutos y pactos y la fuerza del llamado derecho internacional".
En un voluntario o involuntario lapsus especialmente cínico, el máximo representante de la política exterior de Washington se lamentó de que, con los teóricos poderes extraterritoriales del organismo judicial, funcionarios estadounidenses podrían quedar "a merced de jueces extranjeros a miles de kilómetros de distancia, enfrentando el riesgo constante de ser procesados e incluso encarcelados", cuando el país al que representa Rubio mantiene encarcelado y en espera de juicio al presidente de Venezuela, tras haberlo secuestrado en un operativo en el que un centenar de personas fueron asesinadas.
O, dicho en otras palabras, "qué horrible esa CPI, cualquier día de estos podría hacer algo parecido a lo que hacemos en la Casa Blanca".
La razón de esta nueva ola de hostilidad hay que buscarla en la decisión del tribunal de imputar a Benjamín Netanyahu
Esta renovada hostilidad de Washington contra la Corte no deja de resultar algo llamativa, puesto que Washington nunca se sometió a su jurisdicción. En el año 2000, el por entonces presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma que sentaba las bases del tribunal, pero EE.UU. nunca lo ratificó y rechaza que tenga alguna jurisdicción sobre su territorio.
Por otro lado, el organismo jamás ha movido ni medio meñique para imputar a algún ciudadano estadounidense ni antes ni ahora, pese a que en este cuarto de siglo las sucesivas invasiones e intervenciones militares de la Casa Blanca por todo el mundo han dado motivos de sobra.
Hegemonismo disfrazado de Justicia
La razón de esta nueva ola de hostilidad hay que buscarla en la decisión del tribunal de imputar y emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su por entonces ministro de defensa, allá por 2024, cuando arreciaba el genocidio contra la población palestina.
Hostilidad llevada al paroxismo durante el 'trumpismo', cierto, pero que no está de más recordar que ya había dado su inicio en el 'bidenismo'. Es decir, desde hace ya dos años que, en Washington, tienen en la mira a la CPI, a cuyos miembros han llegado a sancionar de diversas maneras. Por lo que podría resultar tentador concluir que, si el imperialismo estadounidense le tiene tanta rabia, entonces es que el tribunal es digno de admiración. Sin embargo, el pensamiento simplista-reduccionista no suele funcionar bien en geopolítica y este caso dista mucho de ser una excepción.
Y es que, desde su concepción, la Corte demostró que, tras su declaración de loables intenciones, se escondía el mismito hegemonismo de siempre. Aunque en sus estatutos se presentaban determinados a perseguir judicialmente el genocidio, los crímenes de guerra o contra la humanidad allá donde se manifestaran y los cometiera quien los cometiera, pronto se demostró que, en el fondo, escondían más letra pequeña y asteriscos que infomercial nocturno de productos dietéticos milagrosos.
Para Moscú, la CPI es un instrumento geopolítico del Occidente Colectivo, del famoso 'mundo basado en reglas' cuyos autores imponen a los demás, pero que nunca respetan ellos mismos
Así, mientras absolutamente ninguno de los numerosos y sobradamente documentados actos criminales de la OTAN en todo lo que va de siglo en Afganistán, Irak o Libia —por nombrar algunos ejemplos— fue abordado por el tribunal —pese a que la mayoría de miembros de la Alianza Atlántica son también parte del estatuto que sostiene la CPI y, por tanto, imputables—, hasta 2024 los casos analizados por sus jueces se limitaron exclusivamente a aquellos circunscritos al llamado Sur Global. O, en otras palabras, los burros del Norte hablando —y condenando— las orejas sureñas.
Esto era algo previsible, tanto así que más de 60 países se lo olieron desde el principio. Por ejemplo, ni Rusia, ni China, ni Cuba, ni Irán, ni la India, por nombrar unas cuantas naciones de significativo peso geopolítico, han reconocido a la CPI ni su jurisdicción global. Los motivos para no convalidar el estatuto constituyente y las críticas al organismo desde su nacimiento son variados.
Para naciones como Rusia y China, aceptar un marco legal de aplicación global que rechazaba EE.UU. era un poco como "cuchillo para su propia garganta". Para Moscú, la CPI no es más que un instrumento geopolítico más del Occidente Colectivo, perteneciente al famoso concepto de 'mundo basado en reglas' cuyos autores imponen a los demás, pero que nunca respetan ellos mismos, así sea para predicar con el ejemplo. Pekín, además de compartir esa impresión, considera que el tribunal viola el principio de soberanía de los estados y además hace una interpretación eurocéntrica del derecho, ignorando interpretaciones jurídicas de otras culturas y civilizaciones.
Sus valedores, sus peores enemigos
Sea como sea, a pesar de su irrelevancia —por decisión propia o por impotencia, según el caso— contra grandes potencias y el hecho de que en un cuarto de siglo jamás hayan acusado ni a un soldado de infantería estadounidense aunque sea, hoy la Casa Blanca considera a la CPI como una amenaza a su seguridad nacional, busca desmantelarla y, probablemente, termine lográndolo.
Pero este desmantelamiento no será principalmente culpa —o mérito, según considere cada quién— de Trump o Rubio, sino, precisamente, de algunos de los más dedicados promotores y defensores del tribunal.
Y es que los supuestos valedores de la CPI le han hecho mucho más daño que sus más férreos detractores, porque, en esa costumbre tan suya de exigir el cumplimiento de leyes que son los primeros en pisotear, la han convertido en un hazmerreír jurídico de escala global. Al fin y al cabo, con todo lo brutales y cínicos que puedan ser, en Washington son consecuentes con su discurso: dicen que odian a esa corte y hacen todo lo posible por acabar con ella. Sin embargo, en Europa Occidental dicen defenderla… pero también hacen todo lo posible por acabar con ella, aunque sea más por pasiva que por activa.
Y es que en los casi tres últimos años, ese prófugo de la CPI llamado Benjamín Netanyahu ha sobrevolado países firmantes y ratificados del Estatuto que la creó como perro por su casa, sin que ninguno de ellos hiciera nada por impedirlo, en decenas de ocasiones. En la más reciente, justo en estos días, el primer ministro israelí sobrevoló Grecia, Italia, Francia y hasta Canadá, seguramente riéndose mientras miraba por la ventanilla.
De modo que sí, Trump y Rubio quieren acabar con la Corte Penal Internacional, pero no será esa la principal razón por la que el tribunal termine olvidado en un rincón entre documentos polvorientos, sino porque la cruda verdad es que no se creó para los objetivos que dice perseguir.
Y, qué mejor prueba de ello que el hecho de que la única vez que la corte trató de tomarse esos objetivos mínimamente en serio, tras el inicio del genocidio israelí en Gaza, su principal enemigo se lanzó de frente para acabar con ella y sus supuestos defensores no hicieron absolutamente nada para impedirlo.
El presente texto es una adaptación de un video realizado por el equipo de '¡Ahí les va!', escrito y dirigido por Mirko Casale.