El Gobierno de Brasil expresó este miércoles su enérgico rechazo a la decisión de EE.UU. de prorrogar por un año la declaración de emergencia nacional relacionada con el país sudamericano. En un comunicado oficial citado por O Globo, la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la medida de injustificada y basada en acusaciones "infundadas y no verídicas".
La declaración de Washington sostiene que Brasil representa una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.". Entre los argumentos, menciona presuntas violaciones a la libertad de expresión de ciudadanos y empresas estadounidenses, así como supuestos casos de censura, persecución política y vulneración de derechos humanos.
Esta prórroga de la emergencia nacional —originalmente invocada en julio de 2025 para aplicar una tarifa del 40 % sobre productos brasileños— mantiene el marco legal que permite justificar y eventualmente adoptar nuevas medidas económicas y arancelarias contra el país sudamericano.
En respuesta, Brasilia afirmó que esas acusaciones carecen de sustento fáctico y recordó que ya fueron "ampliamente refutadas" en reuniones mantenidas entre autoridades de ambos países. Además, remarcó que el Poder Judicial brasileño actúa de manera independiente y conforme a la Constitución.
El Ejecutivo brasileño también defendió la soberanía nacional y la independencia de los poderes del Estado. "Bajo ningún concepto resulta aceptable caracterizar a Brasil como una amenaza para Estados Unidos", señaló el comunicado difundido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
El texto añadió que esa caracterización resulta aún más improcedente si se tienen en cuenta "los históricos lazos diplomáticos y la amistad que une a ambos pueblos", en una nueva muestra del deterioro de la relación bilateral.
La decisión de Washington se conoce en medio de una creciente tensión entre ambos gobiernos, marcada por diferencias sobre la actuación del Supremo Tribunal Federal de Brasil, el proceso judicial y la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro y las recientes sanciones y medidas adoptadas por la Administración estadounidense.