La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador del estado mexicano de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por ser presunto responsable de ocultamiento de evidencia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre del 2014.
"Como parte del nuevo modelo de investigación, la FGR desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos", reveló la dependencia en un comunicado.
Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN
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El cambio en el enfoque, agregó, permitió acreditar la posible participación del exgobernador "en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes", por lo cual fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra.
🚨 Caso Ayotzinapa: Ángel Aguirre habría dado la orden directa de borrar grabaciones clave@ErnestinaGodoy_, titular de la @FGRMexico, señaló que la desaparición de las grabaciones de los hechos en Iguala respondió a una operación deliberada y estructurada desde la cúpula del… pic.twitter.com/Sj1d7Kwrbx
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Más tarde, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, aseguró que la orden de captura se sustenta en nuevos testimonios protegidos y otros elementos de prueba recabados durante la investigación. Según explicó, un colaborador declaró en enero de 2026 que las videograbaciones de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala fueron sustraídas y entregadas directamente a Ángel Aguirre, mientras que un segundo testigo protegido afirmó en mayo que el entonces gobernador ordenó eliminar cualquier evidencia relacionada con el caso.
Godoy sostuvo que la Fiscalía cuenta con pruebas que acreditan que la instrucción de ocultar las grabaciones fue dada "de manera directa" por Aguirre con la participación de altos funcionarios estatales. Afirmó además que el ocultamiento "fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal", por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
La semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que habría novedades en el caso. "Hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado. Entonces, por respeto a madres y padres de familia, hay que esperar a que avance el proceso", señaló ante la permanente presión social que existe para saber el destino de las víctimas y que se descubra y castigue a los culpables.
Sin justicia
Aguirre Rivero, de 70 años, es un político de larga trayectoria que fue diputado, senador y gobernador interino de Guerrero. En 2011 fue electo como gobernador de esa entidad del suroeste mexicano, en donde, tres años más tarde fueron secuestrados y desaparecidos los 43 estudiantes.
El caso inició la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes, quienes estudiaban para ser maestros de educación primaria, fueron perseguidos, tiroteados y detenidos en una cacería en la que participaron fuerzas de seguridad y narcotraficantes en el estado de Iguala.
Durante los años siguientes se demostró una cadena de complicidades entre autoridades municipales, estatales y federales, incluido el Ejército. Unos participaron directamente en la persecución, las torturas y la desaparición masiva. Otros entorpecieron la investigación. Pero 12 años después, nadie ha confesado qué hicieron con las víctimas.
En el caso de Aguirre, tuvo que renunciar a la gubernatura en febrero de 2015, solo cinco meses después de la desaparición de los estudiantes y en medio de un grave escándalo de corrupción en el que sus colaboradores más cercanos, incluido su hermano y su sobrino, fueron acusados de lavado de dinero.
Desde entonces su carrera política fue en declive, no pudo volver a ocupar cargos públicos y ahora enfrentará un proceso penal como presunto responsable en una de las causas de violaciones a los derechos humanos más graves ocurridas en México.
