Aunque la guerra continúa, en medio de negociaciones frágiles y con actores profundamente inestables, hay un elemento que empieza a perfilarse con claridad. Irán llega a este momento en una posición de fortaleza interna mayor de la que muchos anticipaban. Y en ese contexto, conviene señalar algo clave: la primera gran derrota de Donald Trump en Irán no se produjo en el campo de batalla.
En medio del ruido de la escalada militar, el propio presidente estadounidense reconoció algo que hasta entonces había negado, pese a las acusaciones de Teherán, como fue la intervención de EE.UU. en las protestas que tuvieron lugar en Irán a comienzos de año, admitiendo haber enviado armas a través de intermediarios kurdos para influir en ese proceso.
Recordemos que las protestas de enero de 2026 en Irán fueron la expresión de una acumulación de contradicciones económicas y sociales en un contexto de presión externa prolongada. La política de sanciones impulsada por EE.UU. desde 2018 ha operado como un marco estructural de asfixia, limitando el acceso a divisas, restringiendo las exportaciones energéticas y condicionando el conjunto del desarrollo económico del país. Este entorno ha contribuido a una inflación persistente, a la depreciación de la moneda y al deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de la población.
La política de sanciones impulsada por EE.UU. desde 2018 ha operado como un marco estructural de asfixia.
Sin embargo, reducir el origen del malestar social exclusivamente a las sanciones externas resultaría insuficiente. Estas presiones han interactuado con dinámicas internas propias de la formación social iraní, entre ellas procesos de liberalización parcial de la economía, la expansión de mecanismos de mercado en determinados sectores y el desarrollo de redes de corrupción y apropiación desigual de recursos. Estas transformaciones han contribuido a acentuar las desigualdades sociales, a debilitar sectores medios y a precarizar amplios segmentos de trabajadores urbanos.
También podemos observar el reflejo de estas tensiones en el plano político-institucional. Así, la elección de Ebrahim Raisi en 2021, que había sido fiscal anticorrupción, con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y de defensa de la justicia social, eran reflejo de ese malestar de sectores populares afectados por la inflación y la desigualdad. Por otra parte, tras su muerte, en unas nuevas elecciones venció Masoud Pezeshkian, lo que supone el retorno de una orientación reformista, esta vez apostando por una mayor apertura económica y una posible reducción de tensiones externas.
En este contexto, las protestas emergen como una respuesta social con base material real, centrada en reivindicaciones económicas inmediatas y con un debate político de fondo. Su legitimidad, reconocida por el propio aparato estatal iraní, refleja no solo el impacto de la coerción económica externa, sino también las tensiones internas derivadas de la forma específica en que dicha presión se ha procesado en el interior del país.
Sin embargo, el desarrollo posterior de los acontecimientos muestra un cambio cualitativo en la naturaleza del conflicto. Lo que inicialmente era una protesta con reivindicaciones económicas y sociales, comenzó a ser atravesado por dinámicas de violencia que desbordaban ese marco. Teherán denunció desde el inicio que grupos armados habían intervenido en el proceso, transformándolo en un intento de desestabilización política. Este diagnóstico se ve reforzado por este reconocimiento reciente por parte de EE.UU. de que suministró armas a grupos opositores en el contexto de las protestas.
El resultado fue una escalada de violencia de gran magnitud. Las autoridades iraníes cifraron en más de 3.000 los muertos, señalando que una parte significativa de ellos correspondía a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que apunta a la existencia de enfrentamientos armados y no únicamente a represión unilateral de manifestantes.
En este contexto, la construcción de un relato internacional centrado exclusivamente en la represión estatal adquiere un significado particular. A la luz de los hechos posteriores, dicho relato puede interpretarse como parte de una estrategia más amplia orientada a legitimar una eventual intervención externa bajo la lógica del "cambio de régimen". Es precisamente esta secuencia —aprovechamiento de un conflicto social, introducción de dinámicas de desestabilización y posterior construcción de legitimidad internacional para una intervención— lo que resulta especialmente significativo desde el punto de vista político.
Formas más directas de agresión
Antes de la agresión militar del 28 de febrero de EE.UU. e Israel contra Irán —que culminó con el asesinato del líder Alí Jameneí y el inicio de esta escalada—, Washington había ensayado otros mecanismos de intervención que no lograron sus objetivos.
Este tipo de dinámicas han sido conceptualizadas en las últimas décadas como "revoluciones de colores", aunque el término resulta en gran medida equívoco. No se trata de procesos emancipadores, sino de formas de intervención indirecta que combinan descontento social real con apoyo externo —político, mediático o incluso militar— para promover cambios de régimen alineados con determinados intereses geopolíticos. Así, cuando la intervención indirecta no produce los resultados esperados, se recurre a formas más directas de agresión. La ofensiva militar no constituye en ese sentido el inicio del proceso, sino su continuación por otros medios.
Lejos de dividir al país, la combinación de presión económica sostenida y agresión militar abierta ha terminado por cohesionar a la sociedad iraní
Sin embargo, esta estrategia ha producido un efecto contrario al buscado.
La idea de una intervención "liberadora", sostenida aun hoy en el discurso estadounidense, se enfrenta a una realidad recurrente en la historia: ante una agresión externa, las sociedades tienden a cerrar filas.
Lejos de dividir al país, la combinación de presión económica sostenida y agresión militar abierta ha terminado por cohesionar a la sociedad iraní, relegando a un segundo plano muchos de sus debates internos. Irán es hoy, en ese sentido, un país más unido frente al exterior. La guerra continúa. Pero ese primer intento —el de la desestabilización interna como vía de cambio de régimen— ya ha fracasado.
El balance es claro. EE.UU. fracasó en tratar de convertir un malestar social real en un proceso de cambio de régimen. Fracasó en construir una "revolución de color". Y, al hacerlo, no solo no debilitó al Estado iraní, sino que contribuyó a reforzarlo. El primer gran fracaso de Trump en Irán no fue militar, sino claramente político.